Los recuerdos de mi primer despliegue en Irak son inclasificables: recuerdos que desestabilizan mi certeza acerca del mundo. Uno de los más poderosos es estar en la torre de guardia —que es exactamente como suena— y ver a los mercenarios estadounidenses atravesar nuestro portón en vehículos cuando salían en misión.

No se llamaban a sí mismos mercenarios, sino contratistas, un término más neutro. La mayoría de ellos había servido en las fuerzas armadas estadounidenses. Muchos habían estado exactamente donde nosotros estábamos, mirando hacia abajo desde un punto de observación en una torre, custodiando una base, aburridos de observar el horizonte y ya sin asuntos de qué hablar con la persona próxima a ellos.

Teníamos mucho en común: estadounidenses en zona de guerra, durmiendo a pocos metros unos de otros. Y, sin embargo, sentía una verdadera animosidad hacia ellos. Yo sentía que cada similitud que compartíamos quedaba anulada por el hecho de que nosotros éramos soldados reales, y ellos eran oportunistas que recibían una paga mayor a la nuestra por hacer el mismo trabajo. Nosotros arriesgábamos nuestra vida por el honor, con un sentido del deber. Ellos luchaban por dinero.

La contratación de mercenarios tiene una historia antigua, aunque no del todo venerable. El Imperio romano contrataba mercenarios, por supuesto. La Edad Media abundó en tropas que eran poco más que matones a sueldo y también se los conocía como “contratistas”, condottieri. Cuando sus empleadores no podían darles el total de su paga, se los habilitaba al saqueo, lo que normalmente afectaba a los inocentes que tenían la desgracia de que su hogar estuviera en el camino del ejército. No fue hasta el siglo XVII que los ejércitos que respondían a estados gradualmente comenzaron a reemplazar a los mercenarios. Sean McFate, un exparacaidista y contratista privado de defensa que hoy enseña política internacional en la Universidad de Georgetown, escribe en The Modern Mercenary:

En 1650, fue claro que los servicios militares por encargo ya no resultaban económicos para los gobernantes, debido a la destrucción que los mercenarios infligían en la campiña y la amenaza que suponían para sus empleadores. Lo que se necesitaba era un ejército público formado por profesionales sistemáticamente entrenados y disciplinados, mantenidos en época de paz y de guerra, invierno y verano, con medios regulares de obtención de suministros y reemplazos. Y lo fundamental: esta fuerza militar recibiría su paga del estado y sería leal a él.

Esta noción se extendió hasta entrada la Ilustración, mientras el moderno estado-nación se volvía inextricablemente relacionado con sus fuerzas armadas. El opúsculo de Immanuel Kant de 1795, La paz perpetua: un esbozo filosófico, a menudo tomado como un programa para el pensamiento liberal moderno, teoriza acerca de la futura erradicación de la guerra por medio de la creación de ejércitos de ciudadanos. Si la decisión se deja librada al criterio de una camarilla de nobles, razona Kant, entonces la guerra se hace “sin una razón significativa, como una diversión”. Y los mercenarios, según Kant, son “meras máquinas” con un interés económico particular en las hostilidades en curso. Por el otro lado, los ciudadanos seguramente elegirían ir a la guerra ellos mismos en casos de absoluta necesidad. Como explica Daniel Moran en su libro La plebe en armas, “Por cuanto [las repúblicas] fueron fundadas sobre valores universales y el consentimiento de los gobernados, pueden responder directamente a la natural preferencia de la humanidad por la paz y la prosperidad por encima de la guerra y la penuria”. El pensamiento de Kant refería a que una paz duradera requeriría que los ciudadanos se jugaran el propio pellejo, por decirlo de algún modo, de manera tal de evitar una agresión innecesaria.

Claro que la historia del siglo XX cuestiona la teoría demasiado optimista de Kant. Con democracias que mantienen fuerzas armadas poderosas, las guerras solo se vuelven más grandes y letales, y hay más cuerpos arrojados a la trituradora de carne. Pero este tipo de razonamiento político persiste. Después de todo, en una democracia, ya sea o no que se jueguen el propio pellejo, los ciudadanos —a través de sus representantes electos— ejercen su influencia cuando vamos a la guerra.

Pelear por la nación propia como un soldado era honorable. Pelear solo por dinero se volvió la máxima marca de deshonor.

Otro vestigio del ideal kantiano es la imagen del soldado miembro de la nobleza. Un soldado que pelea por una nación se apoya en una base moral más elevada que un mero mercenario. El ideal de honor privado, que en el Renacimiento condujo a las miniguerras privadas llamadas duelos, se transformó en el ideal del honor público. Pelear por la nación propia como un soldado era honorable. Pelear solo por dinero se volvió la máxima marca de deshonor.

En realidad, a pesar de nuestros ideales de la Ilustración, la mayoría de las incursiones militares estadounidenses no han aprobado la prueba de la democracia. A pesar de que el concepto de “interés privado” ahora hace referencia al beneficio de las corporaciones en lugar de los señores locales, la línea entre el interés privado y los recursos públicos (soldados e impuestos) permanece borrosa. La distinción se volvió funcionalmente irrelevante durante la Segunda Guerra Mundial, gracias al ultrasecreto Proyecto Manhattan que creó la bomba atómica. Como lo cuenta Garry Willis en su libro Bomb Power:

Por primera vez en nuestra historia, se otorgó al presidente la autoridad exclusiva e ilimitada sobre todos los posibles usos de la Bomba. Todas las preparaciones, protecciones y requisitos auxiliares para el uso de la Bomba, incluyendo la reserva acerca de todo el asunto y un despliegue mundial de varios tipos de traslado, lanzamientos desde tierra, mar, aire o espacio: una amplia red para el estudio, desarrollo, creación, almacenamiento, protección y actualización de los arsenales nucleares, junto con un inmenso aparato de inteligencia para determinar las condiciones para el mantenimiento de las armas y su uso; todas estaban concentradas en el poder ejecutivo, libre de interferencia de los poderes legislativo o judicial. Cada injerencia o abuso del ejecutivo era susceptible de justificación desde ese poder supremo.

En efecto, la creación de la bomba, explica Wills, necesitaba un gobierno paralelo y secreto que pudiera hacer uso de los grandes recursos públicos y privados fuera del alcance del atento ojo público. Cuando la guerra terminó, esa infraestructura paralela de defensa nacional canibalizó nuestras fuerzas armadas democráticamente controladas, y las reemplazó con el complejo militar-industrial acerca del que Eisenhower advirtió en su discurso de despedida.

Los inconvenientes morales de mantener un sistema de defensa público-privado híbrido sin sujeción al control público guardan una relación directa con los inconvenientes materiales. Mandy Smithberger del Project on Government Oversight me explicó lo siguiente:

Las decisiones acerca de dónde entramos en guerra, qué servicios y armas compramos y de qué otro modo desplegamos nuestras fuerzas deberían estar basadas en nuestros intereses de seguridad nacional e, idealmente, en el modo más rentable de promover esos objetivos. Cuando las fuerzas armadas y el Pentágono se vuelven demasiado cercanos a los contratistas de defensa resulta demasiado fácil vincular lo que beneficia a esas compañías —grandes presupuestos, guerras interminables y supervisión reducida— con lo que realmente está en el interés público.

El término “interés público” ha sido en gran medida vaciado de su significado por los partidarios de presupuestos de defensa excesivos. En 2015, el gasto militar de Estados Unidos ascendió a casi seiscientos mil millones de dólares, o 54 por ciento de todo el gasto federal discrecional. Los defensores de grandes presupuestos militares argumentan que esto contribuye al bienestar económico del país, señalando a su contribución al producto bruto interno (PBI). Pero un estudio de 2017 en ciento setenta países durante cuarenta y cinco años, que apareció en la publicación Defense and Peace Economics, quita fuerza a esa afirmación. Ha llegado a la conclusión de que, de manera general, el gasto militar aumentado impactó negativamente en el crecimiento económico de un país. E incluso si el alto gasto en defensa fortaleció el PBI, eso no es suficiente para probar que es a favor del interés público. El PBI es una herramienta notoriamente pobre para evaluar el interés público: después de todo, considera los desastres naturales como algo positivo desde el punto de vista económico, pero ignora aspectos vitales de la prosperidad humana, tales como el tiempo de ocio y la distribución equitativa de recursos. Canalizar grandes recursos públicos hacia un complejo militar-industrial en gran medida protegido de la supervisión democrática podría causar que el PBI aumentara, pero también lo haría un terremoto o un huracán. Este es el modo equivocado de considerar el bien común.

Sin embargo, los grandes presupuestos y la guerra infinita han constituido la experiencia predominante de las fuerzas armadas estadounidenses desde la Segunda Guerra Mundial. Y, en tanto el involucramiento público en la guerra y en la recopilación de información ha disminuido, la tendencia a privatizar nuestras defensas continúa inalterada, a pesar de algunos escándalos muy difundidos. En 2009, según McFate, la proporción de contratistas con respecto a las tropas estadounidenses en zonas de guerra fue de uno a uno; ahora es de aproximadamente tres a uno. Tim Shorrock, autor de Espías para alquilar, escribe en The New York Times: “Estas compañías están profundamente comprometidas en países dependientes de la minería y las industrias extractivas. …Su despliegue, sumado a un uso amplio de contratistas de inteligencia y vigilancia, hace posible que Estados Unidos continúe las guerras a hurtadillas. ¿Quién, además de sus familias, mantiene el registro de las muertes de los contratistas —estimadas en más de seis mil en Irak y Afganistán— en el campo de batalla?”

¿Eran los mercenarios nada más que una versión más honesta de lo que yo era?

El punto de vista de Shorrock acerca de los contratistas en países dependientes de industrias extractivas revela otro aspecto de esta tendencia: las compañías mercenarias empleadas por el gobierno de Estados Unidos para hacer tareas de contraterrorismo son a menudo simultáneamente contratadas por el gobierno local, por un caudillo local o por otra corporación privada para custodiar minas y plantas industriales. Esas industrias tienden a tener el peor registro en derechos humanos y una corrupción persistente.

Erik Prince, fundador de la famosa empresa militar privada Blackwater, parece ser persistentemente atraído hacia esas oportunidades de negocios: este año, ha estado intentando incursionar en la minería de cobalto en África central. En una región carente de un verdadero gobierno nacional, una empresa así debe de algún modo combinar negocios, gobierno privado y fuerzas armadas privadas: una especie de estado corporativo, de hecho, que Prince asegura beneficiará a aquellos bajo su égida.

Hay un esfuerzo en marcha para crear un límite más firme entre las empresas privadas y nuestras organizaciones públicas de defensa. Sin embargo, la dificultad para establecer dónde está esa línea indica que hay algo aún mayor y más insidioso en juego. Cuando el Pentágono es desvinculado de las nociones comunes acerca de cuándo es absolutamente necesario combatir y cuándo no, su lógica motivacional con frecuencia se vuelve un reflejo de la lógica del propio capitalismo.

“La mayoría de los contribuyentes piensan seriamente que la ´defensa´ del país es la tarea esencial de las fuerzas armadas”, me explicó hace poco John Dolan, quien hace análisis militar bajo el seudónimo de Gary Brecher y dirige el podcast War Nerd. “Pero ese no ha sido el plan por mucho tiempo. Las fuerzas armadas estadounidenses son de facto un instrumento de política exterior intervencionista. Su tarea es hacer cumplir las políticas, en general, muy tontas políticas, en todo el mundo, particularmente en el Medio Oriente y en África del Norte, y en menor medida, en el África subsahariana”.

“El gran problema de unas fuerzas armadas basadas en obtener beneficios”, agregó Dolan, “que es lo que ´privado´ significa aquí, es que un día podrían tener que pelear una guerra real. Y cuando eso sea, descubrirán que esos beneficios no sirven de mucho. ¿Por qué estamos comprando los inútiles, obscenamente caros F-35, cuando aviones mucho más baratos como los A-10 y los F-16 cumplen con su objetivo mucho mejor? Porque hay más dinero en un mal avión, que generará mucho más beneficio durante décadas de reparaciones y reacondicionamiento urgentes y a precios manipulados que incluso su costo inicial de USD 1.4 millón de billones”. (Dolan hacía referencia al costo oficial proyectado para el programa F-35 durante su existencia de cincuenta y cinco años).

Para ponerlo claramente, tenemos unas fuerzas armadas cuya motivación primaria es metastatizar, no servir al pueblo. Es aquí donde su parecido con el capitalismo se hace más evidente: ambos están separados de cualquier principio moral rector y constantemente buscan transgredir los límites físicos o ideológicos.

Una imagen sorprendente de esto son las nuevas tecnologías que las fuerzas armadas estadounidenses están encabezando. Por ejemplo, el Departamento de Defensa está creando prototipos de interconexión directa cerebro-máquina, y está supervisando juicios “utilizando drones dirigidos operados por control mental para ser usados por las fuerzas armadas”. Asimismo, está liderando nuevas formas de inteligencia artificial para predecir qué personas con acreditación de seguridad podrían incumplir los protocolos de seguridad; unas fuerzas armadas paralelas a la “vigilancia policial predictiva” que hoy se emplea en varias ciudades estadounidenses. Como escribe Patrick Tucker en Defense One, “el objetivo no es solo detectar empleados que hayan violado su confianza, sino predecir cuáles podrían hacerlo, y de este modo permitir que los problemas sean resueltos con una conversación tranquila en lugar de con un castigo”. Y agrega que esto es el futuro de los recursos humanos.

El capitalismo y las fuerzas armadas quieren, a falta de un mejor término, las mismas cosas. Ambos quieren inteligencia invasiva y recopilación de información con el propósito de tener control. Ambos desean reemplazar el pensamiento por el cálculo mecánico, el significado y el propósito por la acumulación. Y, quizá lo más importante, ambos quieren “reducir a los humanos a elementos funcionales en un sistema”, como el filósofo Byung-Chul Han escribe. “La producción capitalista no tiene objetivos”, dice Han en su libro La agonía del Eros. “Ya no tiene ninguna preocupación por la vida buena”. Unas fuerzas armadas desorientadas con respecto a cualquier definición exacta de necesidad, inexplicables para las personas que sirven, adquieren las mismas características nihilistas.

Seguramente no estaba pensando en todas estas cosas mientras estaba de pie en mi torre de guardia allá en Irak, observando a los mercenarios atravesar nuestro portón. Solo estaba inundado por una fuerte emoción. Sentía desdén hacia aquello que percibía como, a falta de una mejor palabra, una profesión tan deshonrosa.

Pero en retrospectiva, esa repugnancia fue moderada por una noción apenas perceptible que me indicaba que quizá yo no era tan diferente de ellos. Que quizá ellos eran una versión más honesta de lo que yo era, y que el juramento que hice y los credos que profesaba solo camuflaban la verdadera naturaleza de nuestro esfuerzo. Quizá los detestaba por volverlo tan obvio.

Este artículo se publicó en inglés en 2019. Traducción de Claudia Amengual